Hay algo que no cambia en el Campamento Tierra Libre aunque pasen los años y los gobiernos: la tierra sigue sin demarcarse a la velocidad que exige la urgencia. Del 5 al 11 de abril, Brasilia volvió a ser territorio de resistencia. Más de siete mil indígenas de doscientos pueblos, provenientes de todas las regiones y biomas del Brasil, ocuparon la capital federal durante cinco días para exigir demarcación, rechazar la ofensiva legislativa contra sus territorios y dirigir cartas formales a los tres poderes del Estado. Fuera del simbolismo, fue una interpelación política en toda regla.

El tema elegido este año —»Nuestro futuro no está a la venta: la respuesta somos nosotros«— responde directamente al avance de propuestas legislativas que buscan transformar los territorios ancestrales en variables de un modelo de acumulación que el movimiento indígena lleva décadas resistiendo.

Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), precisó: «El campamento es un momento de exigencia para las instituciones del Estado brasileño», con la demarcación de tierras como eje irrenunciable de cualquier otra política pública. Esa exigencia, repetida durante siete días ante el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, fue también el hilo que unió todos los debates de la semana.

El cerco legislativo

Cerca de ciento diez áreas se encuentran bajo análisis de la Unión, mientras el reloj legislativo avanza en sentido contrario. La APIB identificó al menos seis propuestas con riesgo real de prosperar en el Congreso durante 2026. La PEC 48/2023 busca constitucionalizar la tesis del marco temporal, pese a haber sido declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal.

El PL 6050/2023 habilitaría el arrendamiento, la minería y la generación de energía dentro de territorios indígenas. Varios Proyectos de Decreto Legislativo pretenden anular demarcaciones ya reconocidas en distintos estados; una secuencia que el bloque ruralista no ha ocultado porque no necesita hacerlo: ya la tiene por escrito.

Bruno Tupinambá, liderazgo indígena de Bahía, lo dijo desde la marcha hacia el Congreso: «Que los territorios sean demarcados para que las muertes paren de acontecer, y que los hacendados y latifundistas sean criminalizados por las muertes y las invasiones de nuestros territorios. Nuestras tierras están siendo invadidas, negociadas, y nuestro bioma está siendo destruido por quienes no tienen ninguna responsabilidad ni respeto por la Madre Tierra.»

Sobre ese fondo, los datos presentados durante el encuentro revelan que los territorios indígenas registran tasas significativamente menores de deforestación y desempeñan un papel central en la protección de ecosistemas y en la estabilidad climática global. Son exactamente esos territorios los que el Congreso intenta abrir a la explotación, una contradicción que el movimiento indígena ya no plantea solo en Brasilia.

Una propuesta al mundo

Los representantes de los pueblos originarios entregaron al Ministerio de Relaciones Exteriores un documento que propone la creación de zonas libres de explotación de petróleo y gas en áreas de alta relevancia ecológica y cultural —las llamadas «Zonas Libres de Combustibles Fósiles»— e instaron a que los territorios indígenas sean colocados en el centro de la estrategia climática global. La iniciativa recoge lo establecido por el gobierno de Lula en las negociaciones del pasado noviembre de la COP30, que Brasil acogió en Belém. Esta solicitud llega con la fuerza de quien custodia lo que el mundo dice querer proteger.

«No hay transición energética justa sin la garantía de nuestros territorios», afirmó Tuxá al presentar la propuesta ante el Itamaraty, y añadió que «cuando el mundo ignora eso, elige mantener un modelo que destruye la vida.» La APIB fue aún más contundente en su carta al Poder Judicial: sin demarcación y protección de los territorios, no hay democracia, no hay soberanía y no hay futuro posible. Una afirmación que rebasa las fronteras brasileñas.

Entre 2023 y 2025, el gobierno federal homologó veinte nuevos territorios, totalizando 2,5 millones de hectáreas protegidas. El propio Tuxá lo reconoció. Hasta marzo de 2026, alrededor de setenta y seis Tierras Indígenas estaban listas para ser homologadas y aguardaban únicamente la firma del presidente Lula, mientras otras treinta y cuatro dependían de que el ministro de Justicia emitiera la portaria de declaración. La brecha entre lo posible y lo hecho fue la que determinó el tono de la semana, y también la que condicionó el respaldo político que el movimiento le ofrece al gobierno.

La carta al Ejecutivo hizo un balance crítico del gobierno Lula 3; reconoce avances, pero señala que están por debajo de la urgencia histórica y de la deuda del Estado brasileño con los pueblos originarios. Treinta años de historia acumulada le dan a esa evaluación un peso que ninguna declaración de apoyo electoral alcanza a neutralizar. El respaldo que la APIB le extendió a Lula para octubre fue un mandato condicionado a la firma que aún falta.

Política, educación y disputa electoral

El ATL 2026 también miró hacia adelante. El encuentro lanzó veintiséis precandidaturas indígenas para las elecciones de octubre, con plataformas centradas en la demarcación, los derechos territoriales y la representación efectiva. La exministra Sonia Guajajara y la diputada Célia Xakriabá encabezan una lista que incluye candidaturas a la Cámara en diez estados, además de la primera candidatura indígena al Senado de esta temporada electoral. «Necesitamos crear estrategias de organización popular para disputar ese espacio que es ocupado por blancos», planteó Xakriabá durante la plenaria, al advertir que la extrema derecha ya construye candidaturas indígenas propias para cooptar esas agendas.

Esa proyección política no llegó sola. La plenaria sobre educación reivindicó el avance del PL 6132/2025, que crea la Universidad Federal Indígena —aprobado en la Cámara en febrero con Xakriabá como relatora y pendiente de votación en el Senado— para articular saberes tradicionales con producción científica orientada a la gestión territorial y ambiental, con docentes indígenas y procesos selectivos adaptados a cada pueblo. «La universidad y la escuela indígena están en muchos lugares; son y están dentro de las personas, es retomada, es cuando formamos nuestros abogados en ese lugar, sobre todo volcado al suelo del territorio», explicó la diputada. El número que sostiene esa demanda habla por sí solo: entre 2010 y 2022, los estudiantes indígenas matriculados en universidades federales crecieron un 374%.

Veintidós años no son casualidad. El Campamento Tierra Libre es hoy algo más que una movilización anual; es el espacio donde las demandas adquieren forma política y la resistencia cultural se traduce en agenda pública. Este año, las delegaciones realizaron acciones de incidencia ante diferentes organismos del gobierno, se reunieron con embajadas y ampliaron sus denuncias hacia el escenario internacional. Luis Ventura, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, sintetizó el fondo de esa lucha: «Están litigando contra ese modelo capitalista, enfrentando aquello que es más caro y más precioso para el capitalismo, que es el control de los territorios. Y es justamente los territorios, y no solamente los territorios, sino la forma de ser y de habitar esos territorios.»

La carta final del encuentro resaltó con claridad que la defensa de los territorios no es solo una reivindicación de supervivencia cultural; es una política climática concreta, y cualquier transición justa que prescinda del protagonismo indígena será, en el mejor de los casos, incompleta. Esa es la tesis del ATL 2026. Los pueblos originarios del Brasil no están dispuestos a repetirla indefinidamente sin respuesta.

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